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El mandatario salteño aseguró que la postura unificada de los gobernadores obligó a Nación a dar marcha atrás con la flexibilización de la compra de tierras por parte de extranjeros.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, celebró la resistencia conjunta de los mandatarios provinciales que obligó al Gobierno nacional a dar marcha atrás con los cambios propuestos en la Ley de Tierras. Tras el debate en el Congreso donde debió eliminarse el polémico capítulo de extranjerización, el mandatario norteño sostuvo que las provincias actuaron en firme defensa de su territorio frente a iniciativas gestadas sin consenso federal.
El mandatario cuestionó duramente que se intente avanzar desde Buenos Aires con la flexibilización de los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros sin contemplar las realidades de las regiones. Según explicó, la advertencia de los gobernadores de no acompañar la normativa en esas condiciones fue determinante para forzar la modificación del proyecto original.
Límites claros y control del territorio
Durante su pronunciamiento, Sáenz aclaró que la provincia mantiene una postura abierta y favorable hacia las inversiones externas que generen empleo genuino y desarrollo productivo en suelo salteño. Sin embargo, enfatizó que esa apertura no significa resignar el control soberano sobre los recursos estratégicos del norte argentino.
En esa misma línea, el gobernador exigió que se transparente la situación actual del país respecto al tope legal vigente. «Primero hay que saber si se cumple el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras», reclamó, poniendo sobre la mesa la necesidad de contar con datos oficiales antes de intentar modificar la legislación de fondo.
El impacto en el escenario político
La caída del capítulo sobre tierras en la Cámara alta evidenció el peso que los mandatarios provinciales dialoguistas lograron ejercer ante la Casa Rosada cuando se discuten intereses regionales.
Para Salta y el norte argentino, la protección de la propiedad territorial y la tierra productiva continúa siendo un tema de alta sensibilidad económica y social. Con este freno legislativo, el oficialismo nacional debió readecuar sus prioridades en el Congreso, dejando expuestas las tensiones latentes entre el centralismo y el federalismo en la administración de recursos.
