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Tras 12 horas de intenso debate, el Senado dio media sanción a la iniciativa. Busca frenar expropiaciones injustificadas y agilizar desalojos, aunque se eliminaron puntos clave sobre tierras extranjeras.
La Cámara alta del Congreso de la Nación Argentina aprobó en general la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 37 votos a favor y 33 en contra. La medida, que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados, busca poner un freno a lo que el oficialismo considera un avasallamiento de los derechos de los dueños, en un contexto de creciente tensión por usurpaciones.
El proyecto, impulsado por el oficialismo, sufrió recortes importantes antes de su votación final. Se eliminaron del texto original los capítulos referidos a la compra de tierras por parte de extranjeros y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, dos puntos que generaron un fuerte cruce entre los bloques parlamentarios.
¿Qué busca cambiar la nueva ley?
El senador Agustín Coto (LLA), miembro informante, subrayó que el objetivo central es evitar que la «utilidad pública» sea usada como excusa para intervenciones administrativas arbitrarias. «Queremos que quien sea dueño de un bien no sea castigado por ello», afirmó durante el debate, enfatizando que el Estado debe estar para tutelar la propiedad privada, no para avasallarla.
Además de limitar las expropiaciones, la ley propone herramientas para que la justicia pueda agilizar los procesos de desalojo, dando respuestas más rápidas a los propietarios afectados por ocupaciones ilegales.
El debate y las tensiones políticas
La sesión no estuvo exenta de críticas. Senadores de la oposición, como José Mayans y Carolina Moisés, cuestionaron duramente la iniciativa. Argumentaron que el proyecto no protege la soberanía nacional ante la compra de grandes extensiones de territorio por parte de empresas extranjeras y advirtieron que la norma podría ser utilizada para proteger el «robo de bienes del Estado».
Por su parte, el oficialismo defendió la medida como una herramienta necesaria para terminar con años donde, según Patricia Bullrich, «se premió al delincuente y se castigó al que cumplía». Con este paso, el Gobierno busca cumplir con una de sus banderas de campaña: el respeto irrestricto a la propiedad privada.
