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- La Resolución General 5910/2026 entró en vigencia el 10 de octubre y modificó las condiciones del tráfico vecinal fronterizo. Comerciantes y representantes locales cuestionaron su impacto económico y solicitaron revisar las medidas. El 19 de octubre se presentó una acción de amparo colectivo con un pedido de suspensión cautelar.
- Qué establece la Resolución General 5910/2026
- Los primeros cuestionamientos aparecieron con la entrada en vigencia
- El 14 de octubre se intensificaron las gestiones
- Las cámaras comerciales coordinaron sus reclamos el 15 de octubre
- El 19 de octubre, el conflicto llegó a la Justicia
- Dos economías fronterizas ante un cambio regulatorio
- Qué falta resolver
La Resolución General 5910/2026 entró en vigencia el 10 de octubre y modificó las condiciones del tráfico vecinal fronterizo. Comerciantes y representantes locales cuestionaron su impacto económico y solicitaron revisar las medidas. El 19 de octubre se presentó una acción de amparo colectivo con un pedido de suspensión cautelar.
El conflicto por las restricciones al comercio fronterizo en el norte de Salta llegó a la Justicia. Desde Salvador Mazza y Aguas Blancas se impulsó una acción de amparo colectivo contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de cuestionar la Resolución General 5910/2026 y solicitar que se suspenda su aplicación mientras se analiza su legalidad.
La medida nacional modificó el régimen de tráfico vecinal fronterizo y estableció nuevas limitaciones para el egreso de mercaderías argentinas bajo ese mecanismo. La presentación judicial se produjo después de varios días de reclamos de comerciantes, representantes empresariales y autoridades locales, que advirtieron sobre las posibles consecuencias para las economías de ambas localidades, estrechamente vinculadas con el intercambio comercial con Bolivia.
El pedido de intervención judicial constituye un nuevo capítulo del conflicto. Sin embargo, la presentación de un amparo y de una medida cautelar no implica que las restricciones hayan quedado suspendidas: para que eso ocurra debe existir una decisión judicial expresa.
Qué establece la Resolución General 5910/2026
La resolución fue firmada el 7 de octubre, publicada en el Boletín Oficial el 9 de octubre y entró en vigencia el 10 de octubre de 2026.
La norma modifica disposiciones del régimen de tráfico vecinal fronterizo, regulado por la Resolución 2604/1986 de la entonces Administración Nacional de Aduanas y sus modificatorias.
Entre los cambios establecidos figura un límite diario de 150 dólares por poblador para el valor de las mercaderías que pueden egresar del país bajo ese régimen, independientemente de su cantidad, calidad o variedad.
También prohíbe, dentro de este mecanismo, el egreso de determinados productos. La lista incluye trigo, soja y maíz en todas sus formas; combustibles transportados en tanques suplementarios, bidones u otros recipientes; mercaderías acondicionadas en envases de 10 kilogramos o más, o su equivalente en volumen; y otros productos cuya exportación esté prohibida o suspendida por normas especiales. La resolución contempla, además, determinadas armas, municiones, explosivos y sustancias sujetas a restricciones.
En sus fundamentos, ARCA sostiene que la modificación busca dotar al servicio aduanero de herramientas más claras para fiscalizar las operaciones y reducir prácticas de fraccionamiento, reiteración sistemática de movimientos y desvíos hacia circuitos comerciales no autorizados.
El alcance de la norma debe entenderse dentro del régimen específico de tráfico vecinal fronterizo. No equivale, por sí mismo, a una prohibición general de exportar mercaderías a Bolivia por los canales comerciales habilitados.
Los primeros cuestionamientos aparecieron con la entrada en vigencia
Las nuevas disposiciones generaron reacciones en Salvador Mazza y Aguas Blancas desde el 10 de octubre, cuando comenzaron a regir.
Comerciantes y autoridades locales cuestionaron las limitaciones y plantearon que las reglas no contemplarían suficientemente las particularidades económicas y sociales de las localidades fronterizas.
Los reclamos se concentraron en las dificultades que podrían afrontar los negocios vinculados con compradores bolivianos, la circulación de determinados productos y la continuidad de actividades que generan ingresos para comerciantes, transportistas y trabajadores.
En los días posteriores también se planteó la necesidad de revisar la aplicación de las restricciones y de encontrar mecanismos que permitan compatibilizar el control aduanero con la actividad económica formal de la región.
Las advertencias sobre posibles pérdidas de ventas y empleo forman parte de los argumentos de los sectores afectados. Para dimensionar sus consecuencias concretas, será necesario contar con datos verificables sobre operaciones comerciales, facturación, establecimientos y puestos de trabajo.
El 14 de octubre se intensificaron las gestiones
El conflicto continuó con gestiones de representantes de Salvador Mazza y Aguas Blancas para que el Gobierno provincial intercediera ante las autoridades nacionales y solicitara la revisión o derogación de la resolución.
Las objeciones se relacionaron con las restricciones para trasladar determinadas mercaderías y con el impacto que podrían tener en las actividades económicas que dependen del intercambio con Bolivia.
En este punto resulta importante distinguir entre los pedidos formulados y las decisiones efectivamente adoptadas por las autoridades: solicitar la derogación de una norma no implica que el Gobierno nacional haya aceptado modificarla.
Las cámaras comerciales coordinaron sus reclamos el 15 de octubre
El 15 de octubre, representantes de cámaras comerciales y sectores empresariales de Salta se reunieron para analizar las restricciones y coordinar planteos ante las autoridades nacionales.
Según la cobertura periodística del encuentro, participaron referentes comerciales de la capital provincial, Salvador Mazza, Aguas Blancas y otras localidades salteñas, junto con representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Uno de los puntos planteados fue la necesidad de distinguir las actividades comerciales legítimas de las estructuras vinculadas con circuitos ilegales. Desde el sector empresario se advirtió que las medidas de fiscalización deberían considerar las particularidades de las economías fronterizas y las consecuencias que una reducción del intercambio podría tener sobre las ventas y el empleo.
El reclamo compartido buscó abrir una instancia de revisión de las disposiciones. Las posiciones expresadas por las cámaras reflejan la preocupación del sector, aunque no constituyen por sí mismas una medición del impacto económico efectivo.
El 19 de octubre, el conflicto llegó a la Justicia
El lunes 19 de octubre se conoció la presentación de una acción de amparo colectivo contra ARCA, impulsada desde Salvador Mazza y Aguas Blancas. El planteo cuestiona la Resolución General 5910/2026 y solicita una medida cautelar para suspender sus efectos mientras se analiza el fondo de la controversia.
La presentación judicial representa un cambio en la estrategia de los sectores que cuestionan las restricciones: además de las gestiones administrativas y los reclamos públicos, se busca que un tribunal examine la legalidad y el alcance de la medida.
El pedido cautelar procura evitar que la aplicación de las restricciones continúe generando perjuicios mientras se tramita el proceso. Su resultado dependerá de la evaluación judicial de los argumentos y de la documentación aportada.
Para establecer con precisión el alcance del recurso es necesario identificar a los actores que figuran en la presentación, los derechos invocados, el tribunal ante el cual se interpuso, los fundamentos jurídicos y la decisión que eventualmente se adopte sobre la cautelar. Estos datos deben surgir del documento judicial y de las actuaciones correspondientes.
Dos economías fronterizas ante un cambio regulatorio
Salvador Mazza, frente a Yacuiba, y Aguas Blancas, frente a Bermejo, mantienen una relación económica cotidiana con las ciudades bolivianas situadas del otro lado de la frontera.
En estas zonas, el intercambio de productos y la circulación de compradores forman parte de una dinámica que involucra comercios, transportistas, trabajadores y prestadores de servicios. Las diferencias de precios, las condiciones cambiarias y las regulaciones de ambos países pueden influir en el movimiento comercial.
En ese contexto, los sectores que cuestionan la resolución sostienen que las nuevas limitaciones podrían afectar una fuente de ingresos importante para las comunidades. Por su parte, ARCA fundamenta la modificación en la necesidad de fortalecer la fiscalización y evitar que un régimen destinado al tráfico vecinal sea utilizado para operaciones comerciales sistemáticas que deberían canalizarse por otras vías.
La controversia plantea, así, dos cuestiones que deben examinarse con documentación: cómo se controla el uso del régimen fronterizo y si las restricciones adoptadas resultan adecuadas para las particularidades económicas de las localidades afectadas.
Qué falta resolver
El conflicto permanece abierto. Para conocer sus próximos pasos será necesario seguir la tramitación judicial, verificar si se dicta una medida cautelar y establecer sus alcances, además de conocer la respuesta de ARCA y de las autoridades nacionales ante los cuestionamientos.
También será relevante determinar qué alternativas existen para las operaciones comerciales que no pueden realizarse bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo y qué efectos concretos producen las restricciones sobre los comercios y trabajadores de ambas localidades.
La presentación judicial no resuelve por sí misma la controversia. El desarrollo del expediente permitirá establecer si la Justicia dispone una suspensión provisional, rechaza el pedido o adopta otra decisión mientras se analiza la legalidad de la norma.
