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- Una investigación destapa que el Gobierno acumuló más de un billón de pesos de fondos viales en plazos fijos y títulos mientras las rutas nacionales colapsan y acumulan tragedias.
- El Estado nacional mantiene inmovilizados más de un billón de pesos provenientes de fondos específicos para obras viales en inversiones financieras, mientras la red de rutas del país se encuentra destruida y la falta de mantenimiento cobra vidas en las trazas nacionales.
- El eje del conflicto radica en la retención masiva de recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), un fondo alimentado por el impuesto a los combustibles cuya única función legal es construir, reparar y mantener los caminos. A pesar de la urgencia del deterioro vial, los informes oficiales reflejan una subejecución histórica que prioriza la rentabilidad financiera por sobre la seguridad de los ciudadanos que transitan a diario por el interior del país.
- La operatoria oficial transformó un fideicomiso destinado a la obra pública en una fuente de colocación de títulos públicos y plazos fijos. Al no volcar el dinero al asfalto, el Estado acumuló una cifra superior al billón de pesos en cuentas financieras. Especialistas en administración pública advirtieron que con esos fondos retenidos se podrían haber intervenido hasta veinticinco mil kilómetros de rutas nacionales, evitando el estado de abandono crítico que denuncian tanto los usuarios como los gobernadores provinciales.
- El deterioro de los caminos nacionales impacta de lleno en las provincias, donde el colapso de la infraestructura vial se traduce en trayectos intransitables y un peligro latente para el transporte y los automovilistas. Mientras los recursos líquidos se multiplican en las arcas del Ministerio de Economía, la falta de obras concretas en regiones del norte argentino y el resto del país profundiza la tensión entre las necesidades de las comunidades y la política de ajuste fiscal.
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Una investigación destapa que el Gobierno acumuló más de un billón de pesos de fondos viales en plazos fijos y títulos mientras las rutas nacionales colapsan y acumulan tragedias.
El Estado nacional mantiene inmovilizados más de un billón de pesos provenientes de fondos específicos para obras viales en inversiones financieras, mientras la red de rutas del país se encuentra destruida y la falta de mantenimiento cobra vidas en las trazas nacionales.
El eje del conflicto radica en la retención masiva de recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), un fondo alimentado por el impuesto a los combustibles cuya única función legal es construir, reparar y mantener los caminos. A pesar de la urgencia del deterioro vial, los informes oficiales reflejan una subejecución histórica que prioriza la rentabilidad financiera por sobre la seguridad de los ciudadanos que transitan a diario por el interior del país.
Del impuesto a las rutas a la bicicleta financiera
La operatoria oficial transformó un fideicomiso destinado a la obra pública en una fuente de colocación de títulos públicos y plazos fijos. Al no volcar el dinero al asfalto, el Estado acumuló una cifra superior al billón de pesos en cuentas financieras. Especialistas en administración pública advirtieron que con esos fondos retenidos se podrían haber intervenido hasta veinticinco mil kilómetros de rutas nacionales, evitando el estado de abandono crítico que denuncian tanto los usuarios como los gobernadores provinciales.
