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Rosana Druve, Secretaria Legislativa del Concejo Deliberante de Tartagal presentó una denuncia formal ante la presidencia del cuerpo, y el juzgado de Violencia de Género, detallando episodios de maltrato, persecución y abuso de poder ejercidos por el edil en el ámbito de trabajo.
Una grave denuncia sacude al Concejo Deliberante de Tartagal. Una de la Secretarias formalizó una presentación ante el presidente del cuerpo, Sergio Oscar González, acusando al concejal Manuel Moreno de ejercer violencia laboral, institucional y de género de manera sistemática.
La denunciante detalla una serie de episodios ocurridos entre abril y julio de 2026, los cuales, según sostiene, no representan hechos aislados sino una conducta de hostigamiento permanente que afecta su integridad psicológica y el normal desarrollo de sus tareas.
Hostigamiento y uso de medios de comunicación
Según consta en el expediente N° 19851/2026, uno de los incidentes ocurrió el 16 de abril durante una reunión de Labor Parlamentaria. Allí, el concejal habría acusado públicamente a la empleada de «mentirosa» ante otros trabajadores, desencadenando posteriormente una campaña de descrédito a través de sus redes sociales personales y participaciones en medios de comunicación locales. La trabajadora señala que esta exposición constituye una forma de violencia simbólica y mediática que busca dañar su reputación profesional.
Intimidación y abuso de poder
La denuncia también presentada en el Juzgado de Violencia de Género, describe episodios de presiones directas en las oficinas legislativas. En una oportunidad, el concejal habría ingresado de forma intempestiva solicitando documentación privada y actuando de manera intimidante al recibir negativas basadas en el reglamento interno. En el último hecho denunciado, ocurrido el 17 de julio, el edil habría intentado acceder a carpetas de una comisión de la cual no es miembro, derivando en una situación de conflicto que requirió la intervención de la presidencia del cuerpo para descomprimir.
¿Qué pasará en el Concejo?
La trabajadora solicita ahora la intervención urgente de las autoridades para garantizar un ambiente laboral libre de violencia, conforme a las leyes vigentes. La denuncia se encuentra en mesa de entrada a la espera de que el cuerpo deliberativo defina las medidas institucionales frente a este presunto abuso de poder.
