Escuchar artículo
Ante los reiterados incumplimientos de un acuerdo de restauración ambiental por la tala de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo, la Justicia ordenó elevar la medida cautelar sobre dos catastros del norte salteño.
La Justicia salteña, a través del Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal, hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso ampliar un embargo preventivo por la suma de $21.805 millones sobre dos catastros ubicados en el departamento San Martín.
La medida responde al incumplimiento sistemático por parte de Juan José y Daniel Darío Karlen, quienes en 2018 habían firmado un acuerdo de restauración ambiental tras ser responsables del desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo cerca de la localidad de Dragones.
Incumplimientos reiterados
Según los informes técnicos y económicos elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), a pesar del compromiso homologado, no se han registrado avances concretos en la restauración del ecosistema. Por el contrario, los relevamientos realizados entre 2019 y 2026 detectaron actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de granos, falta de reforestación y la continuidad de explotaciones productivas incompatibles con el plan ambiental.
El nuevo monto del embargo tiene como objetivo garantizar los fondos necesarios para afrontar una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental, ya que el paso del tiempo y las actividades productivas siguen agravando el daño al ecosistema.
Desde el Ministerio Público Fiscal, liderado por el procurador general Pedro García Castiella y con la intervención de la fiscal Rosa Vélez Román, se denunció que los demandados han utilizado recursos judiciales con fines dilatorios, lo que ha demorado la recomposición del bosque nativo. El acuerdo original, que buscaba implementar un esquema de manejo forestal sostenible con trabajo local, se ha visto frustrado por esta falta de compromiso ambiental.
