Un grupo de manifestantes bajo amenaza de desalojo irrumpió en el recinto legislativo. Hubo fuertes acusaciones de corrupción, insultos a los concejales y los ediles decidieron suspender el debate.
Tartagal, 29 de junio de 2026 – La sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Tartagal terminó en un verdadero escándalo institucional. Lo que parecía una jornada de debate legislativo legislada bajo una aparente calma se descontroló por completo cuando un grupo de aproximadamente treinta cooperativistas, que mantenían un acampe frente a la Municipalidad, ingresó por la fuerza al recinto. La situación obligó a las autoridades a cerrar las puertas del edificio y a convocar de urgencia a la Policía de Salta para contener los desmanes.
El detonante de la furia de los manifestantes fue la notificación de una orden de desalojo judicial que pesaba sobre el acampe y la olla popular que sostienen en el edificio comunal. Los referentes del sector cooperativo, entre ellos Nicky Flores, Héctor Soria, Cristian Fernández y un dirigente de apellido Padilla, reclamaban que la gestión del intendente Franco Hernández Berni cortó el diálogo e impulsó la vía policial en lugar de resolver el retraso en los pagos de obras ya ejecutadas.
Acusaciones de corrupción e insultos cruzados en el recinto
Tras un intento inicial de la concejal Margarita Rauch por encauzar el conflicto mediante un cuarto intermedio, el clima se enrareció de forma definitiva. Los manifestantes ingresaron en bloque al corazón del deliberativo y apuntaron directamente contra varios legisladores locales. Los ediles Armando Leguizamón y Luis Rivero fueron los principales apuntados, siendo increpados cara a cara por los trabajadores, quienes los acusaron a gritos de encubrir presuntos hechos de corrupción y desvíos de fondos públicos vinculados a la falta de pago de sus haberes.
Ante la falta de garantías de seguridad, el presidente del cuerpo, Sergio González, intentó mediar con los voceros de las cooperativas. El grupo expuso documentación con números de obras públicas y supuestos convenios irregulares, exigiendo que el Concejo actúe como órgano de control ante las deudas del Ejecutivo municipal. Sin embargo, la tensión superó cualquier canal formal y los efectivos policiales debieron empujar de manera pacífica pero firme a la multitud hacia el exterior de las instalaciones.
Sesión suspendida y el acampe que se endurece
Con el tratamiento legislativo completamente quebrado, Sergio González confirmó la suspensión definitiva de la sesión. El titular del Concejo intentó calmar las aguas prometiendo gestionar una mesa de diálogo con el intendente Hernández Berni si se encontraba en la zona, comprometiéndose además a reprogramar el debate de los expedientes que quedaron archivados en el orden del día.
La respuesta de las cooperativas fue un endurecimiento inmediato de las medidas de fuerza. Los manifestantes regresaron al acampe municipal asegurando que mantendrán la ocupación del espacio público por tiempo indeterminado hasta obtener el desembolso total de las sumas adeudadas o un compromiso firmado por el propio jefe comunal. La crisis política e institucional en Tartagal amenaza con profundizarse en las próximas horas ante el inminente riesgo de un desalojo civil con uso de la fuerza pública.
