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El peronismo salteño vive horas de máxima tensión. Militantes y afiliados denuncian que el sector del ex gobernador busca judicializar el proceso para evitar las urnas y ocultar una crisis financiera.
Salta, 10 de junio de 2026 – La interna del Partido Justicialista (PJ) de Salta alcanzó un nuevo nivel de conflicto. Sectores internos y afiliados han alzado la voz contra la figura de Juan Manuel Urtubey, a quien señalan como el principal responsable de intentar boicotear el proceso de normalización partidaria mediante una nueva embestida judicial.
El objetivo, según denuncian, es claro: impedir que los afiliados se expresen en las urnas, ante el temor de una derrota electoral en una contienda abierta.
El conflicto por la normalización del PJ
El proceso, iniciado bajo el mando del interventor José Luis Napoleón Gambetta —tras la resolución de la jueza María Servini de Cubría—, tiene como fin último normalizar la vida institucional del partido. Sin embargo, dirigentes vinculados al ex gobernador, como Facundo Camacho y Victoria Sajama, presentaron impugnaciones para detener el cronograma electoral.
Aunque la Justicia ya falló en contra de estos intentos, el clima de tensión no cesa. La base militante sostiene que el «urtubeycismo» busca aferrarse a la estructura partidaria, ignorando el pedido de renovación que surge desde las bases.
Críticas por el uso de la justicia y deudas heredadas
Uno de los puntos que más enfurece a los afiliados es la contradicción en el discurso del ex mandatario. Mientras cuestiona la intervención judicial, su propio entorno utilizó las mismas herramientas para intentar frenar el proceso electoral.
Además del conflicto político, el PJ enfrenta una grave crisis administrativa. Denuncian que la gestión anterior, encabezada por Pablo Kosiner, dejó un partido sumido en deudas, embargos y una falta de orden institucional que, lejos de sanearse, se habría profundizado durante los últimos meses.
El futuro del justicialismo salteño depende ahora de la capacidad de concretar elecciones que devuelvan la legitimidad a la conducción, dejando atrás la etapa de judicialización permanente que mantiene al partido en un limbo administrativo.
