Escuchar artículo
Una trabajadora con 30 años de antigüedad acudió al Juzgado de Violencia Familiar y de Género. Sufrió hostigamiento tras una falsa acusación y la gestión municipal blindó al funcionario acusado.
Tartagal, 20 de mayo de 2026 – Una empleada de la Municipalidad de Tartagal radicó una denuncia penal por maltrato laboral, acoso y vejaciones ante el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Salta. La damnificada, una mujer con 30 años de antigüedad y próxima a jubilarse, tomó la decisión de recurrir a la vía judicial tras un prolongado desgaste en el ámbito administrativo que afectó severamente su salud física y psicológica.
El conflicto se desencadenó en la Dirección de Rentas Municipal, donde la trabajadora fue señalada de manera informal por un presunto faltante de dinero. Pese a la gravedad de la acusación pública y el posterior hostigamiento que sufrió en su puesto, ni el director del sector ni ningún funcionario del municipio formalizó jamás una denuncia por robo ante la justicia, exponiendo a la empleada a constantes situaciones humillantes dentro de las dependencias oficiales.
La reunión clave con los gremios y el pedido de destitución
Ante el constante acoso laboral que sufría la mujer, la situación llegó a discutirse formalmente la semana pasada en una reunión interna entre autoridades municipales y los representantes gremiales. Debido al cuadro de estrés y persecución institucional, la empleada se vio obligada a solicitar un receso laboral urgente para resguardar su integridad.
En dicho encuentro, el secretario general del sindicato SOEM, Aníbal Esquivel, encabezó el reclamo y exigió formalmente apartar de su cargo al director de Rentas, Antonio Moreno Viterman. El pedido gremial se fundamentó en que el funcionario ya acumula diversas denuncias y quejas previas presentadas por otros empleados municipales debido a tratos abusivos en la misma repartición.
El blindaje del Ejecutivo y la intervención de la Justicia de Género
A pesar de las pruebas presentadas por los representantes de los trabajadores y el pedido de apartamiento de Moreno Viterman, la respuesta del Ejecutivo local fue de absoluta desestimación. El jefe de Gabinete Municipal, Ignacio Benítez Ocampo, minimizó por completo el conflicto y la gravedad de los hechos asegurando de forma tajante ante las consultas que “no ha pasado nada” en el área afectada.
Ante este blindaje político y el desamparo institucional de la gestión de Franco Hernández Berni, la trabajadora recurrió al patrocinio legal privado del abogado Rambert Ríos para formalizar la causa penal. En la investigación judicial que ya se instruye en los tribunales salteños, fueron citados como testigos clave altos funcionarios del municipio, entre ellos el secretario de Hacienda, Mario Paz, y el jefe operativo de Rentas, Napoleón Nieto.
El ingreso de la denuncia a los tribunales salteños rompe el hermetismo que el Ejecutivo municipal intentó imponer sobre lo ocurrido en el área de Rentas. Se espera que en las próximas horas el Juzgado de Violencia Familiar y de Género ordene medidas de protección inmediatas para la denunciante, mientras el frente gremial evalúa nuevas medidas ante la negativa oficial de remover al funcionario cuestionado.
