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Tras la ola de falsas alarmas que sacude a Salta, la justicia confirmó las primeras detenciones. En el norte rige la alerta por posibles imitaciones y advierten que los padres
El clima de psicosis por las amenazas de bomba en establecimientos educativos llegó a un punto de quiebre. Tras varios días de caos en la capital y ciudades vecinas, la Policía de Salta confirmó que cuatro estudiantes fueron detenidos y dos demorados, acusados de ser los autores de los llamados. En Tartagal, las autoridades escolares y de seguridad han reforzado la vigilancia ante el temor de que jóvenes locales intenten replicar estas conductas como una «travesura» de fin de trimestre.
La investigación técnica, que incluyó el rastreo satelital de llamadas al 911, desarticuló una pequeña red de alumnos que coordinaba las amenazas. El impacto en el norte es preventivo: desde la Unidad Regional N°4 se sigue de cerca el comportamiento en los colegios secundarios de nuestra ciudad para evitar que el sistema de emergencias colapse por falsas denuncias.
El conflicto no es solo escolar, sino penal. El Ministerio Público Fiscal fue claro: los involucrados enfrentan causas por Intimidación Pública, un delito que no distingue edad y que arrastra a los padres a enfrentar multas millonarias por el despliegue de bomberos y peritos en explosivos.
El riesgo del «efecto contagio» en Tartagal
Directivos de instituciones locales han expresado su preocupación por la viralización de estos retos en redes sociales. El despliegue de seguridad que requiere cada amenaza de bomba en Tartagal afecta no solo al dictado de clases, sino que retira recursos policiales que deberían estar patrullando los barrios de la ciudad.
Responsabilidad penal y civil
A diferencia de incidentes menores, la justicia penal juvenil ya tomó intervención. Los dispositivos secuestrados en los allanamientos revelaron que las amenazas fueron planificadas, lo que agrava la situación procesal de los seis implicados.
Las autoridades locales instan a los padres de Tartagal a revisar el uso de celulares de sus hijos. Una «broma» telefónica hoy puede terminar con un allanamiento policial en plena madrugada y una mancha imborrable en el prontuario del menor.
