Tartagal

Crisis en el Centro Español: Intervienen la institución por graves irregularidades y «conflictividad extrema»

Tras denuncias de violencia de género, expulsiones arbitrarias y falta de transparencia contable, el Gobierno de Salta desplazó a la Comisión Directiva y designó una Comisión Normalizadora para salvar la entidad.

Tartagal, 29 de enero de 2026 – La Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) dictó una resolución determinante para el futuro del Centro Español, Social, Cultural y Deportivo de Tartagal. El organismo dispuso la caducidad de los mandatos de la actual dirigencia y el nombramiento de una Comisión Normalizadora, tras detectar un escenario de acefalía administrativa y una serie de conductas que ponen en riesgo el orden público.

Un historial de irregularidades y conflictos

El conflicto, que escaló durante el último año, incluye un abanico de denuncias presentadas por socios y padres. Según el expediente 30054-6073/1960-1008, la institución atraviesa una crisis institucional profunda caracterizada por:

  • Violencia y Discriminación: Se denunciaron conductas de exclusión hacia socios críticos, así como episodios de maltrato y violencia de género.
  • Expulsiones «Arbitrarias»: La IGPJ ya había declarado ineficaces las expulsiones de socios que cuestionaron el manejo interno, calificando estas medidas como improcedentes.
  • Opacidad Contable: Existe una falta total de rendición de cuentas, con balances adeudados que se remontan hasta el año 2020.
  • Deficiencias Edilicias: Los denunciantes señalaron un deterioro marcado en la infraestructura de la sede ubicada en Alberdi esquina Aráoz.

El detonante: Mandatos vencidos y «secretarios» desconocidos

A pesar de que la entidad fue intimada previamente, la dirigencia encabezada por Mario Ledesma no logró regularizar su situación. Un hecho que llamó la atención de las autoridades fue la presentación de notas firmadas por el Sr. Aparicio Néstor Germán como secretario, cuya designación no figura en los registros oficiales del organismo.

Además, se constató que los mandatos de la Comisión Directiva estaban vencidos desde noviembre de 2023, perdiendo así toda legitimidad para administrar la asociación.

El camino a la normalización

La nueva Comisión Normalizadora, integrada por Maximiliano Rodrigo Moreno, Fernando Natalio Javier Zabala Moreno y Jorge Humberto Rodríguez, tiene la misión de tomar posesión de la sede, los libros y la documentación contable.

Entre sus facultades se encuentran:

  1. Reempadronar a los socios en un proceso transparente de tres días hábiles.
  2. Gestionar la rúbrica de nuevos libros ante la falta de los originales.
  3. Convocar a una Asamblea General para elegir nuevas autoridades y aprobar los ejercicios económicos pendientes (2020-2025).

Hasta que este proceso no concluya y sea aprobado formalmente por la IGPJ, la entidad no podrá funcionar con normalidad. La resolución, firmada por el Dr. Rodrigo Martínez Urquiza, agota la vía administrativa, dejando a la institución en manos de los normalizadores para garantizar su supervivencia social y deportiva.

Resolución de la Subsecretaría de Inspección de Personas Jurídicas:

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