Tartagal – 12 de enero de 2026 – El Concejo Deliberante de Tartagal atraviesa una situación administrativa y política inédita. A más de un mes de la renovación de autoridades, el cuerpo legislativo funciona hoy con apenas 8 de los 11 concejales que establece la justicia electoral. Los tres ediles electos por La Libertad Avanza (LLA) aún no han prestado juramento, lo que genera un vacío de representación en un momento clave para la ciudad.
El conflicto se originó el pasado 10 de diciembre durante la elección de autoridades. En disconformidad con el método de votación y la distribución de cargos, los representantes de LLA decidieron retirarse del recinto. Desde aquel «portazo» político, la incorporación de los ediles libertarios quedó en un limbo legal del cual todavía no han podido salir.
El «candado» del receso y el presupuesto
La situación se agravó debido a la estrategia legislativa de la anterior composición del Concejo. Antes del cambio de mando, los antiguos concejales —de los cuales cinco continúan en sus bancas— aprobaron el presupuesto vigente. Esta acción dio paso automáticamente al receso legislativo que estipula la Carta Orgánica Municipal.
Al no haber sesiones ordinarias ni convocatorias a extraordinarias, no existe el marco institucional para que los concejales de LLA presten el juramento de rigor. Sin juramento no hay incorporación legal, y sin incorporación, el bloque libertario permanece fuera de la toma de decisiones, a pesar de contar con el respaldo de los votos en las urnas.
La controversia de las dietas y el ausentismo
Un punto que genera malestar en la opinión pública es la disparidad salarial. Mientras los concejales electos de LLA no perciben sus dietas por no estar formalmente incorporados, los 8 ediles en funciones continúan cobrando sus haberes mensuales con normalidad, a pesar del receso.
A esto se suma la crítica por la falta de presencia física en las instalaciones del Concejo, ya que son muy pocos los ediles que concurren a las oficinas de manera regular, profundizando la sensación de una actividad legislativa «paralizada» que, sin embargo, le sigue costando dinero al contribuyente tartagalense.
