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TARTAGAL – 7 de enero de 2026 – El inicio del año ha traído una complicación inesperada para los vecinos de Tartagal. Una serie de cortocircuitos administrativos en el gabinete municipal derivó en la no renovación de contratos clave para la ciudad, lo que ha provocado la paralización de servicios esenciales como el barrido, el desmalezado y el mantenimiento del alumbrado público.
La interrupción de estos vínculos contractuales no solo afecta la estética de la ciudad, sino que resiente directamente la operatividad de la Secretaría de Servicios Públicos. Actualmente, el traslado de residuos y el uso de grúas para la reparación de luminarias se encuentran suspendidos, dejando zonas a oscuras y con acumulación de desechos, lo que impacta negativamente en la seguridad y salubridad de los barrios.
Un «cortocircuito» en el gabinete
Lo que llama la atención de esta crisis es su origen: una evidente falta de coordinación entre las áreas de Hacienda, Asesoría Legal y Servicios Públicos. A pesar de que la continuidad de estas tareas es una necesidad crítica y previsible, la burocracia interna y la falta de articulación política —que involucra desde la Jefatura de Gabinete hasta la propia figura del Intendente— impidieron la firma oportuna de las prórrogas o nuevos contratos.
En un gesto inusual de honestidad administrativa, pero con un «timing» político que ha generado revuelo interno, desde la Secretaría de Servicios Públicos deslindaron responsabilidades. En declaraciones recientes, el área admitió que la falta de continuidad responde a trabas administrativas ajenas a su operatividad, exponiendo las fisuras en la comunicación interna del municipio.
Consecuencias para el vecino
Mientras las empresas locales que brindan estos servicios permanecen a la espera de una resolución legal, el vecino es quien paga las consecuencias. La falta de desmalezado en plena temporada estival y las fallas en el alumbrado público generan un escenario de riesgo que la comunidad exige resolver de forma inmediata. La mirada ahora está puesta en el Ejecutivo Municipal, responsable último de destrabar el conflicto administrativo que mantiene a la ciudad a media máquina.
