El exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, fue condenado por el Tribunal de Juicio de Tartagal por el delito de peculado, recibiendo una pena de dos años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
TARTAGAL 30 DE MAYO – Los jueces de la Sala I del Tribunal, integrada por las juezas Soledad Rodríguez, y los jueces Ricardo Martoccia y Reinaldo Burgos, dictaron la condena tras un proceso que comenzó debido a denuncias presentadas por miembros del Concejo Deliberante local. Las denuncias señalaban irregularidades en la administración de los fondos públicos durante la gestión de Villalba, quien además fue señalado por la Auditoría General de la Provincia, que encontró defectos en la gestión económica del municipio durante ese período.
La audiencia de debate se reanudó en la fecha señalada, tras un cuarto intermedio, en la cual declararon dos testigos cuya presencia había sido solicitada y requerida con insistencia. Los alegatos de las partes también se presentaron en esta instancia. El fiscal Pablo Cabot, representante del Ministerio Público Fiscal de Tartagal, solicitó la pena efectiva de cuatro años de prisión para Villalba, argumentando la gravedad de las irregularidades constatadas.
El Tribunal, sin embargo, resolvió condenar a Villalba a dos años de prisión condicional, imponiendo además reglas de conducta que deberá cumplir. Como parte de la sentencia, también fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos, en línea con la gravedad de los delitos cometidos.
El exintendente, que ocupaba el cargo en Salvador Mazza, fue denunciado por el Concejo Deliberante local debido al mal manejo de los fondos municipales, tras detectar irregularidades administrativas y financieras en la gestión. La Auditoría General de la Provincia había revisado los ejercicios financieros y constatado numerosas fallas en la administración, evidenciando un manejo inadecuado de los recursos públicos durante su mandato.
Este fallo reafirma la importancia del control y la transparencia en la gestión pública, enviando un mensaje contundente sobre las consecuencias del uso indebido de fondos del Estado.
