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Tras 37 años de vigencia del texto original, la Ley 8532 moderniza la estructura de Tartagal. Mayor control sobre el Intendente, límites a los jueces y un presupuesto educativo obligatorio marcan el nuevo rumbo.
Tartagal, 4 de MAyo de 2026 – Hoy 4 de mayo, marcó un quiebre institucional para el norte provincial. Con la promulgación de la Ley 8532, se oficializó la reforma de la Carta Orgánica Municipal de Tartagal, el documento que rige la vida política y administrativa de la ciudad. Esta actualización reemplaza el marco legal vigente desde 1989 y busca adaptar la gestión local a los desafíos de transparencia y sostenibilidad.
Control de fondos y transparencia obligatoria
Uno de los ejes más fuertes de la reforma es la creación de la Unidad de Sindicatura Interna Municipal (U.S.I.). Este órgano funcionará como un control interno permanente sobre los movimientos presupuestarios, financieros y legales del Departamento Ejecutivo.
Además, se pone fin al misterio de los números públicos: el Intendente ahora tiene la obligación de presentar la Cuenta General del Ejercicio antes del 30 de abril de cada año ante la Auditoría General de la Provincia y publicar todos los actos legislativos de forma inmediata en el Boletín Oficial Municipal.
Límites a la Justicia de Faltas y servicios públicos
El esquema de poder en el Tribunal de Faltas también cambia. Los jueces de faltas ya no tendrán cargos permanentes; su mandato durará 4 años (en sintonía con la renovación del Concejo) y solo podrán ser reelectos por un período consecutivo.
En cuanto a los servicios esenciales (como la higiene urbana), la nueva normativa establece que las concesiones no podrán superar los 5 años y deberán pasar obligatoriamente por licitación pública con la aprobación de dos tercios de los concejales, evitando contratos directos prolongados.
Inversión en educación y ambiente
La reforma introduce una cláusula económica inédita: el municipio deberá destinar, por ley, al menos el 15% de lo recaudado por Impuesto Inmobiliario a mejorar la infraestructura y recursos didácticos de las escuelas estatales dentro del ejido municipal.
En materia ambiental, el artículo 119 garantiza el derecho a un ambiente sano, obligando al Ejecutivo a presentar un «Plan Director» para cualquier cambio urbanístico. Además, los proyectos de gran impacto deberán someterse a consulta vecinal o audiencia pública de forma obligatoria.
Con la Ley 8532, ahora en plena vigencia, el desafío pasa ahora a la implementación. La creación de la Sindicatura y la adecuación de los mandatos en el Tribunal de Faltas serán las primeras pruebas de fuego para una Tartagal que busca dejar atrás la estructura política de los años 80.
