A través del Decreto N° 24/26, el Gobierno provincial extendió el contrato con YPF y Tecpetrol hasta 2036. El acuerdo exige planes de exploración, un canon extraordinario y un fondo limitado para infraestructura social en la zona de influencia.
Salta, 21 de enero de 2026 – El Gobierno de la Provincia de Salta formalizó, mediante el Decreto N° 24/26, la extensión de la concesión para la explotación y transporte de hidrocarburos en el área «Ramos», un bloque clave para la matriz energética regional. El acuerdo, firmado con las operadoras YPF S.A. y Tecpetrol S.A., extiende el vínculo contractual por una década, con vigencia desde el 21 de enero de 2026 hasta el 21 de enero de 2036.
A cambio de la continuidad operativa, las compañías asumieron compromisos técnicos y financieros que buscan reactivar un sector que demanda inversión constante para evitar el declive de la producción.
Inversiones y exigencias técnicas
La prórroga no es un cheque en blanco. El acta acuerdo obliga a las concesionarias a ejecutar un plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura ya existente, además de la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar la extracción de crudo y gas. Un punto crítico del acuerdo es la obligación de realizar estudios en potenciales nuevas áreas de exploración, buscando extender la vida útil del yacimiento más allá de los pozos actuales.
Para garantizar que estas promesas se traduzcan en realidad, la Provincia se reservó el derecho de realizar auditorías periódicas sobre las reservas y las actividades ejecutadas, estableciendo mecanismos de arbitraje para resolver posibles incumplimientos.
El factor económico: Regalías y Bonos
En términos fiscales, se mantiene el pago del 12% de regalías sobre la producción de petróleo y gas natural. No obstante, el beneficio inmediato para las arcas provinciales radica en un Bono de Prórroga de 3 millones de dólares que las empresas deberán abonar de forma directa.
Impacto social y ambiental: compromisos bajo vigilancia
Pese a la magnitud de la operación hidrocarburífera, el monto destinado específicamente a infraestructura social en las comunidades cercanas se fijó en 200.000 dólares. Si bien este fondo busca mitigar carencias locales, su ejecución será monitoreada de cerca por los actores sociales de la zona para asegurar que el impacto sea tangible en el territorio.
En materia ambiental, el decreto enfatiza la responsabilidad de minimizar el impacto de la actividad. Sin embargo, la efectividad de este punto dependerá estrictamente del rigor de los controles estatales sobre las operaciones de YPF y Tecpetrol en un ecosistema frágil.
